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El departamento de Sucre ha sido históricamente el territorio donde se han desarrollado las luchas más importantes por la tenencia de la tierra en el país, forjando la constitución de la más antigua y reconocida organización campesina, la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, que por cerca de medio siglo ha luchado por la democratización de la propiedad rural, con el objetivo de cultivar y producir para la seguridad alimentaria de los colombianos.

La Reforma Agraria gana terreno en el país y se consolida como el gran legado del Gobierno para el pueblo colombiano. La gestión de la Agencia Nacional de Tierras, bajo la dirección de Juan Felipe Harman, demuestra con hechos que sí es posible saldar la deuda histórica con el campesinado del departamento.

La Agencia Nacional de Tierras llevó a cabo la Asamblea Departamental Campesina para la conformación del Comité Departamental de Reforma Agraria y del Comité de Selección en el marco del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural – SINRADR. Este espacio tuvo como propósito fortalecer la participación campesina y avanzar en la organización de las representatividades rurales en el departamento.

Durante el 2025, la implementación de la reforma agraria se consolidó en el departamento del Cesar al gestionarse más de 18.000 hectáreas para dotar al banco de tierras de la nación y brindar soluciones efectivas a cientos de familias campesinas, étnicas y afrodescendientes, que por décadas han emprendido una lucha para poder acceder a terrenos donde poder cultivar y cosechar los alimentos que terminan en la mesa de los colombianos.

La Agencia Nacional de Tierras —ANT— bajo la dirección de Juan Felipe Harman entregó iniciativas comunitarias por un valor $6.300 millones, dirigidas a pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes en siete departamentos del país, destinados a fortalecer la seguridad alimentaria, el desarrollo productivo y la autonomía económica de 4.823 personas.

El director de la Agencia Nacional de Tierras —ANT—, Juan Felipe Harman Ortiz, adelantó diligencias de desalojo y aprehensión sobre varias islas del Archipiélago del Rosario que venían siendo explotadas comercialmente sin cumplir con sus obligaciones legales y financieras con el Estado.

El resguardo indígena Katanzama ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta fue escenario de la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la vigencia 2025 de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), un acto simbólico para la comunidad tras lograr la salida al mar.

Herederos del Cacique Calarcá, la comunidad indígena Pijao resistió por siglos al yugo de la imposición, a la conquista, a las creencias en dioses ajenos y a la usurpación de sus tierras en medio de una violencia disfrazada mediocremente de civilización.

Durante años, los habitantes de Victoria, Caldas, fueron testigos de cómo amplias extensiones de tierra fértil estaban bajo el dominio de redes del narcotráfico y grupos armados ilegales.

La Agencia Nacional de Tierras —ANT— presentó el nuevo Acuerdo 530 del 29 de octubre de 2025 ante más de 20 entidades desarrolladoras de proyectos de utilidad pública, entre ellas Ecopetrol, el Grupo Energía Bogotá y Mineros Aluvial, así como otras empresas de los sectores energético, minero y de hidrocarburos.