- La directora de la Agencia, Lina María Garrido, aseguró que dichas salidas no afectan el cumplimiento de las metas de la institución.
Bogotá, D. C., 22 de octubre de 2026. @AgenciaTierras.
La Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Lina María Garrido, registró 1.040 salidas de contratistas entre el 7 de agosto y el 7 de octubre de 2026, de un total aproximado de 9.400 personas vinculadas por la administración anterior mediante la figura de prestación de servicios.
Estas salidas causadas por el vencimiento de su vigencia, representan un ahorro de $22.224.332.670 para el Estado, y se enmarcan en la política de austeridad del Gobierno del presidente Abelardo De la Espriella, que eliminará contratos innecesarios heredados de la politiquería anterior.
A estos ajustes se suma una nueva circular de la Presidencia que establece restricciones para la programación de nuevos contratos de prestación de servicios en 2027, así como medidas relacionadas con los nombramientos en las entidades públicas.
Para la directora de la ANT, Lina María Garrido, la reducción en la contratación no afectará el cumplimiento de las metas institucionales ni los resultados en materia de acceso a la tierra y ordenamiento social de la propiedad rural.
Entre las medidas nacionales se encuentra la Directiva Presidencial 04, que ordena revisar el cumplimiento de los contratos de prestación de servicios vigentes. También está la Circular Externa 08 del 15 de octubre de 2026, que establece criterios y límites para programar nuevas contrataciones de esta modalidad a partir de 2027, con base en los contratos de cada entidad de 2025 y 2026.
Entre agosto y octubre, en el conjunto de las entidades del Gobierno nacional, el número de personas vinculadas mediante contratos de prestación de servicios disminuyó en cerca de 4.600. El ajuste ha logrado contener el gasto y procurar que la contratación responda a las necesidades de cada entidad.
En la Patria Milagro, la ANT mantiene su compromiso con la administración responsable y transparente de los recursos públicos y el cumplimiento de su misionalidad, con el propósito de avanzar hacia una Colombia, país de propietarios.