La ANT aclara que de no se ha identificado ninguna relación entre la senadora María Fernanda Cabal, su núcleo familiar y los predios objeto del barrido predial

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Bogotá. 4 de agosto de 2025. @AgenciaTierras.

 

Ante la información que ha circulado en medios de comunicación sobre el Ingenio Providencia, Pichichi y la senadora María Fernanda Cabal, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— se permite aclarar lo siguiente:

  1. En el marco de las actividades técnicas del barrido predial realizadas en zona rural del departamento del Valle del Cauca, la Agencia Nacional de Tierras identificó predios sin información catastral. Conforme a los procedimientos establecidos, se adelanta un estudio detallado para determinar su naturaleza jurídica, a través de un proceso de clarificación de la propiedad.

  2. Es importante precisar que, a la fecha, no existe ningún proceso agrario activo sobre dichos predios. Por esta razón, la ANT no cuenta con información sobre su situación jurídica ni sobre su tenencia.

 

  1. Algunos medios de comunicación han difundido información imprecisa que vincula a la senadora María Fernanda Cabal y a su familia con este caso. La Agencia aclara de manera categórica que, hasta la fecha, no se ha identificado ninguna relación entre la senadora, su núcleo familiar y los predios objeto del barrido predial. Asimismo, no es correcto afirmar que los Ingenios Pichichi y Providencia estén haciendo uso de predios baldíos.

 

  1. Asimismo, se precisa que el Coordinador Regional de la ANT en el Valle del Cauca no cuenta con autorización para emitir declaraciones relacionadas con procesos agrarios o predios en estudio, toda vez que, de acuerdo con la normativa vigente, estos procedimientos son de competencia exclusiva del nivel central de la entidad.

 

  1. La Agencia Nacional de Tierras reafirma su compromiso con la transparencia, el respeto al debido proceso y la aplicación rigurosa de los principios legales y técnicos que orientan su labor institucional. Nuestra actuación se enmarca en la defensa del patrimonio público, la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra y la garantía de los derechos de las comunidades rurales, siempre bajo criterios de objetividad, imparcialidad y veracidad en la información que se difunde a la opinión pública.

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