Bogotá. 27 de octubre de 2025. @AgenciaTierras.
En relación con los señalamientos hechos por la senadora Paloma Valencia en su cuenta de X, sobre una presunta presión política durante la consulta del Pacto Histórico, celebrada el pasado 26 de octubre, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— se permite aclarar lo siguiente:
Es rotundamente FALSO que existiera o exista presión política por parte de funcionarios de la ANT para influir en la participación electoral o en la orientación del voto.
La solicitud que aparece en la conversación publicada por la senadora corresponde a una conversación interna, relacionada con la presentación del certificado electoral, que se efectúa a propósito de la consulta de algunos servidores públicos o contratistas sobre el uso del beneficio de descanso compensatorio remunerado, correspondiente al tiempo empleado en sufragar. Es un derecho previsto en la Ley 403 de 1997, la cual establece estímulos y facilidades para quienes ejercen el derecho al voto. Ni la respuesta dada ni la petición del certificado, en ningún caso constituye coacción ni condicionamiento político.
La Agencia Nacional de Tierras lamenta la interpretación errónea del extracto de la conversación difundida por la congresista Valencia, cuya circulación a través de sus redes personales está generando una percepción que no se ajusta a la realidad de los hechos.
Es preciso remarcar que la Registraduría Nacional del Estado Civil, entidad encargada de los procesos electorales en Colombia, aclaró que, por haber sido un mecanismo de consulta, no expediría certificados electorales a los votantes. También dejó claro que la normativa compensa el tiempo de servicio a quienes fueron designados como jurados de votación. Por esta razón, el contenido del video anexado por la senadora tiene una mala interpretación.
La máxima Autoridad de tierras de la Nación hace un llamado a los medios de comunicación y a la ciudadanía a que el debate público se conduzca con claridad, responsabilidad y respeto a los principios democráticos. Y subraya su compromiso con la legalidad electoral, el libre ejercicio del derecho al sufragio y el cumplimiento estricto de los procedimientos administrativos de los trabajadores.