- Son cerca de 660 hectáreas aprehendidas por la Agencia Nacional de Tierras en el Urabá antioqueño.
- Uno de los bienes rurales tuvo como propietario al exsenador Humberto de Jesús Builes, condenado por concierto para promover grupos armados ilegales.
- Este nuevo resultado de la máxima autoridad de tierras de la nación tiene como propósito final entregar los bienes a campesinos y víctimas del conflicto armado.
- Con esta acción, la entidad continúa trabajando en la garantía de derechos sobre la tierra y la consolidación de la justicia territorial.
Medellín, Antioquia. 16 de febrero de 2026. @AgenciaTierras.
El municipio de Mutatá, territorio estratégico por ser un corredor entre el Urabá antioqueño y el centro del país, fue el escenario donde la Agencia Nacional de Tierras —ANT— recuperó ocho predios, los cuales suman 659,55 hectáreas (ha).
Estos bienes fueron afectados por la presencia de estructuras paramilitares y otras dinámicas propias del conflicto armado interno, lo cual transformó su ocupación, tenencia y uso de la tierra.
Predios recuperados
- La Floresta: 236,32 ha
- La Primavera: 220,57 ha
- La Bastilla: 48,75 ha
- La Libertad: 48,18 ha
- Nunca es Tarde: 45,53 ha
- La Suerte: 23,51 ha
- La Esperanza: 21,65 ha
- La Florida: 15,04 ha
Caso La Floresta
En 2008 se registra declaratoria de zona de inminencia de riesgo por desplazamiento, desplazamiento forzado y limitación del dominio. En noviembre del 2020, el Tribunal Superior de Medellín registró embargo, secuestro y suspensión del poder adquisitivo sobre el bien.
Campesinos del lugar, en torno al predio, aseguran que en la zona hay presencia y control territorial Clan del Golfo, grupo armado criminal que surgió de las estructuras paramilitares y está dedicado al narcotráfico, la minería ilegal, entre otras actividades delictivas.
Predio La Primavera
Tuvo como propietario al exsenador Humberto de Jesús Builes Correa, condenado en 2010 por la Corte Suprema de Justicia al hallarlo responsable del delito de concierto para promover grupos armados ilegales.
Posteriormente, el bien rural pasó al señor Jesús López Echeverry, presuntamente involucrado en la compra y venta de predios en el Urabá. López habría estado relacionado con procesos de despojo, como lo señaló el Centro de Memoria Histórica en su informe ‘Tierras y territorios en las versiones de los Paramilitares’.
Asimismo, la sociedad Palmas y Ganado S.A. (Palmagan) participó en un proyecto palmicultor que habría tenido lugar en el bien, presuntamente aprovechando las condiciones de violencia y desplazamiento cuyas víctimas fueron pobladores rurales, configurándose ventas forzadas en el mercado de tierras distorsionado por el conflicto armado.
Bien rural Nunca es tarde
Con base en información recolectada en terreno por los profesionales especializados de la Agencia Nacional de Tierras, el predio estuvo vinculado a Salvatore Mancuso Gómez dentro del proceso de Justicia y Paz. El exjefe paramilitar estuvo preso en Estados Unidos, donde pagó 15 años por el delito de narcotráfico.
Es preciso decir que la empresa Nuevo Mundo Oleico S.A.S. estaría ocupando una parte del predio, donde siembra palma africana.
Panorama general
En la mayoría de los predios recuperados por la Agencia figura en la Ventanilla Única de Registro la empresa Palmagan. Estos bienes rurales tendrían como representante legal a Jesús López Echeverri, que se vinculó al proyecto palmicultor orientado a la siembra de palma africana para la producción de aceites.
Este proyecto fue ideado por el jefe paramilitar Vicente Castaño y proyectado sobre una extensión estimada de 70.000 a 100.000 ha en el Urabá, consolidando el despojo en una época (finales del siglo pasado y comienzos del actual) en las que fueron omitidas alertas institucionales.
Actuación de la ANT
La intervención de la Agencia Nacional de Tierras busca asegurar que los ocho bienes sean entregados a campesinos y víctimas del conflicto armado, con la finalidad de garantizar derechos sobre la tierra y consolidar la justicia territorial en el Urabá antioqueño.
Estos predios recuperados fueron comprados por la ANT a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y al Fondo para la Reparación de las Víctimas (FRV), como parte de un convenio marco entre los tres entes.
Las acciones realizadas por la Agencia reflejan su compromiso y el del Gobierno nacional con la Reforma Agraria, promoviendo oportunidades para el campo, la reparación de las víctimas y una paz con justicia social que se construye desde los territorios.