Reducir a delincuentes a los campesinos que siembran coca es injusto e inmoral: Agencia de Tierras
Según el Director de la Agencia, el mejor incentivo para que los campesinos abandonen los cultivos ilícitos es hacerlos dueños de la tierra que trabajan.
Bogotá, 5 de octubre de 2017 (@AgenciaTierras). El director de la Agencia Nacional de Tierras llamó la atención por el hecho de que a los campesinos se les trate como delincuentes por la siembra de coca e hizo énfasis en que todos los colombianos tenemos una deuda con ellos.
“El 95 por ciento o más de los campesinos que siembran coca en este país no son los dueños de esa tierra y viven una realidad de necesidades que los trasciende. Pero esa situación de necesidad no los convierte en pecadores ni delincuentes. En el contexto de la lucha contra las drogas reducirlos a eso es injusto, inmoral», indicó el director general de la Agencia de Tierras, Miguel Samper.
La afirmación fue hecha durante el evento Jornada de Sensibilización sobre el Acuerdo Final celebrado en la sede principal de la Procuraduría General de la Nación en el centro de Bogotá.
De acuerdo con el funcionario, en vez de estigmatizar a esos labriegos lo que el Estado y sus funcionarios deben hacer es buscar “salidas que les permitan ser los dueños de esa tierra (…) El mejor incentivo para que los campesinos trabajen en la legalidad es hacerlos dueños de la tierra”.
Durante su intervención para explicar a fondo el Decreto Ley 902 de 2017, que busca agilizar el acceso de los campesinos a la tierra, Samper Strouss recordó que los índices más altos de resiembra de coca se presentan luego de acciones de aspersión aérea o erradicación forzosa.
En sentido contrario, «con la erradicación voluntaria se presentan los niveles más bajos de resiembra. En mi concepto, el mejor incentivo para que los campesinos se mantengan firmes en la legalidad, es hacerlos dueños de la tierra», señaló el director.
Frente al Decreto 902 de mayo pasado, Samper Strouss explicó que se reducen a un único procedimiento los 52 que existen actualmente para acceder a tierras y que por años se convirtieron en un viacrucis para los campesinos.
Actualmente la Corte Constitucional estudia la exequibilidad de este Decreto que, según ha dicho Samper, se ajusta a cabalidad a nuestra Carta.