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Recordando el conflicto en la Costa Caribe: “Eran otros tiempos”

Adicionalmente, también entre el 13 de noviembre y el 13 de diciembre, la ANT compró 23 tierras por casi 19.000 millones de pesos.

Chinulito, Sucre, Colombia, 6 de diciembre de 2017 (@AgenciaTierras). Nadie aún sabe con precisión cuántas fueron las víctimas de la masacre de El Salado en febrero de 2000. El Centro Nacional de Memoria Histórica habla de 60 muertos. Alguna vez la Fiscalía General de la Nación advirtió que pudieron haber sido 100 o más. Tampoco está claro cuántos días duraron los paramilitares en este caserío del departamento de Bolívar para consumar el atroz hecho. Unos hablan de una semana; otros, de hasta dos.

“Fueron días amargos y dolorosos”, al decir de Luis Alfredo Torres, fundador de Asodesbol, o la “Asociación de Desplazados del Salado Bolívar”. Días que no se los “deseo a nadie, ni siquiera a mi peor enemigo”, entre otras cosas porque las víctimas fueron muertas con motosierras, piedras, palos y cabuyas.

Dos meses antes de la matanza, en el caserío aparecieron panfletos en los que se les hizo una terrible amenaza a los pobladores: “Disfruten de su última Navidad”, contó Neyda Narváez, líder de Mujeres Unidas de El Salado.

“Después de 17 años queremos enterrar el dolor para buscar un mejor futuro. Buscamos resarcir el dolor que tenemos. Muchas veces preferimos estar callados frente a lo que pasó, pero no por miedo, ni por conformismo, sino porque queremos escuchar más y hablar menos”, enfatizó Torres, casado, padre de cuatro hijas y quien en el pasado tuvo que vivir en Europa porque –según él– en Colombia lo iban a matar por sus constantes denuncias sobre la situación de El Salado.

Para tratar de buscar ese mejor futuro del que habla Torres, el miércoles la Agencia Nacional de Tierras les entregó los títulos de propiedad de 26 centros educativos a los alcaldes de 10 municipios de la Costa Caribe, entre ellos Carmen de Bolívar, del que hace parte El Salado.

Dichos colegios fueron construidos sobre terrenos baldíos de la Nación y, por tanto, estaban en una especie de limbo jurídico, es decir, figuraban en una aparente ilegalidad que les impedía solicitar inversiones y mejoras a los gobiernos departamentales y municipales.

Ahora, en cambio, según la alcaldesa del municipio cesarense de San Diego, Elvia Milena Sanjuán, “podremos hacer las debidas inversiones que hemos estado en mora de realizar con estas comunidades durante tanto tiempo por el hecho de ser baldíos”.

Sanjuán recibió los títulos de propiedad de cuatro colegios. El hecho, para la funcionaria, tuvo un sabor agridulce. Por un lado, fue el reconocimiento a sus gestiones ante la ANT para formalizar las propiedades de su municipio. Pero, por otro, fue el resurgimiento en su mente de momentos tristes, esto es, “los tiempos violentos” en que guerrilleros y paramilitares “le hicieron mucho daño al corregimiento Media Luna” de San Diego, donde en la jornada recibió los títulos en un concurrido acto en la Institución Educativa Rafael Uribe Uribe.

Pero “eran otros tiempos”, dijo la abogada Sanjuán.

Por ejemplo, los policías ya regresaron a Media Luna, un caserío de unos 5.000 habitantes ubicado a 50 minutos por carretera de Valledupar. A los uniformados los habían sacado a las malas los violentos, como lo recordó el profesor Jaletson Ayala, nacido y criado en Media Luna y quien lidera un proyecto para hacer del hoy corregimiento un municipio.

“Gracias a Dios y al proceso de paz (entre el gobierno nacional y las Farc) esto ha cambiado mucho” en el caluroso poblado, dijo el docente.

Ayala sostuvo que entre 1980 y 2000 en Media Luna “no tuvimos Estado porque la Policía fue retirada tras una incursión de las Farc (…) y quedamos a la deriva”. Entonces, de acuerdo con sus palabras, los pobladores aprendieron a vivir solos, y solos “salimos adelante porque somos gente de paz”.

De 47 años y casado con cuatro hijos, Ayala solo clama ahora por una cosa: si los mediselenitas fueron tratados siempre como guerrilleros, si pusieron los muertos y los desplazados, por qué entonces los recursos de la guerra pasada no llegan en la medida de lo que fue su tragedia.

Respecto del proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla, algo parecido a Ayala piensa Cristian Rafael Salas, inspector de un remoto poblado llamado Chinulito, en el departamento de Sucre y en donde en la jornada hizo presencia el director de la ANT, Miguel Samper Strouss, para hacer entrega de los títulos de propiedad de dos escuelas.

Una tía de Salas, que estaba embarazada, fue asesinada por paramilitares en septiembre de 2000. Los asesinos le descargaron todos los machetazos en la cabeza.

“En ese entonces matar a las personas era como un deporte. Cada día mataban a dos vecinos o conocidos. Asesinaban por suposiciones (…) Los mataban a garrote, a machete, los desmembraban. No parecían seres humanos sino animales”, recordó Salas, un moreno de baja estatura, menudito, de dientes blanco y grandes y con una evidente capacidad para hablar.

Pero ahora, tras la firma del proceso de paz hace un año, “el orden público (en la región) ha cambiado ciento por ciento. Hoy podemos caminar tranquilamente por las veredas del municipio sin la zozobra de antes, cuando nos teníamos que encerrar en la casa a las seis de la tarde para no ser objetivo militar”.

Todo, en síntesis, ha cambiado en El Salado, en San Diego y también en Chinulito. Tanto que, según el profesor Jaletson Ayala, una de las mejores cosas del proceso de paz es que “ahora podemos decir lo que pensamos y lo que queramos”.