Falsos Tramitadores de Tierras, una amenaza latente.
No se deje engañar, siga estas recomendaciones.
En el mes de febrero, en Putumayo, la Policía Nacional logró la captura, en flagrancia, de Gloria*, una mujer de 32 años, procedente de la ciudad de Cali quien se hacía pasar como funcionaria de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) con el fin de engañar y estafar a varias personas interesadas en realizar la adjudicación y escrituración de sus predios.
Dos meses antes, en diciembre del 2020, en una vivienda del barrio La Pola, en Ibagué, fue capturada por agentes del CTI y de la Policía, otra mujer, quien había sido denunciada, en varias oportunidades, por habitantes de la zona como falsa tramitadora y estafadora en el Tolima.
Estos dos casos, son apenas una muestra de la delicada situación que se viene presentando en varias zonas del país y que tiene en alerta no solo a las autoridades, sino también a la Agencia Nacional de Tierras, máxima autoridad en esta materia en Colombia. “Los falsos tramitadores, e incluso, falsos funcionarios, que en algunas oportunidades portan chalecos y hasta papelería de la entidad, tienen en jaque a varios pobladores rurales quienes, con la ilusión de convertirse en dueños de sus predios, se dejan envolver por estos individuos a cambio de dinero”, dice Myriam Carolina Martínez, directora de la ANT.
Un informe emitido por la Oficina del Inspector de la Gestión de Tierras, de esta misma entidad, muestra un crecimiento de este fenómeno desde el 2017 y asegura que, las denuncias más frecuentes están relacionadas con la falsa oferta de compra de predios, promesas en adjudicación de baldíos y cobros por la realización de los trámites.
*(El nombre que aquí se registra es ficticio por seguridad de los procesos de investigación)
En el 2019, cerca del 17 por ciento del total de denuncias recibidas en la ANT correspondían a estos hechos. Sin embargo, el año pasado, solo el 5% de los requerimientos atendidos por la Oficina del Inspector de Tierras (OIT) hacían referencia a denuncias por falsos tramitadores, y el 2% a la atención de denuncias por falsedad en documentos como resoluciones, certificaciones. “Si bien se evidencia una disminución en la cantidad de denuncias recibidas por casos de tramitadores y falsedad en documentos, esto no quiere decir que el fenómeno haya disminuido o dejado de existir, esta disminución puede estar relacionada por las dificultades que tuvo la población campesina para hacer sus denuncias debido al Covid-19”, asegura Abel Enrique Guzmán, Inspector de Tierras.
Denuncias, proceso y penas
Existen dos vías de cómo la ANT se entera de este tipo de casos. El primero, es de manera directa, es decir cuando la persona afectada realiza la denuncia ante la entidad o, especialmente, ante los líderes de las diferentes Unidades de Gestión Territorial (UGT) que cubren el territorio nacional, o también de manera indirecta, cuando llega información de parte de otras fuentes o la misma comunidad.
Para cualquiera de estos dos casos, la Agencia reúne la mayor cantidad de información posible y las evidencias, antes de presentar una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación y/o la Procuraduría. “Dentro de nuestras competencias tratamos de levantar datos, información y abundante material probatorio que les facilite el trabajo a las autoridades a la hora de realizar las investigaciones”, afirma Guzmán.
Entre las modalidades más frecuentes que utilizan estas personas para engañar a los pobladores se encuentran: cobrar para realizar trámites ante ANT, falsificar documentos con la finalidad de engañar o realizar trámites ante entidades públicas y crear fundaciones sin ánimo de lucro, con las que aparentemente ofertan servicios para entregar proyectos productivos y de tierras.
Cualquier persona que incurra en este tipo de delitos, se habla de condenas hasta por 15 años por actos derivados de los delitos de falsedad material o ideológica de documentos, estafa, suplantación de funcionario público o incluso un concierto para delinquir, cuando estos grupos se organizan para realizar este tipo de engaños.
Los departamentos más afectados
Con un 30% de los casos recibidos, Meta aparece en primer lugar, seguido por los departamentos de Magdalena y Boyacá con 16%. Después, viene Antioquia y Cundinamarca con 12%, de los casos reportados. El 25% de denuncias corresponde a los departamentos de Cauca, Córdoba, Quindío, Tolima y Valle del Cauca. Y finalmente, Bolívar, Casanare, Risaralda, Valledupar, Guajira, Putumayo y Santander suman un 17% de las denuncias hechas por la comunidad.
Sin embargo, líderes de las Unidades de Gestión Territorial aseguran que estas personas operan especialmente en las zonas rurales más apartadas del país, como Putumayo, Catatumbo, sur del Magdalena, donde aprovechan las necesidades de las comunidades, pero que, no son denunciadas por temor a su seguridad y la de sus familias.
“Invitamos a toda la comunidad a denunciar cualquier irregularidad que se presente en sus territorios. También es importante que, si lo tienen, aporten cualquier tipo de material probatorio como fotos, documentos, formularios, recibos o facturas donde les solicitan cifras de dinero que, nos sirva para presentarlo ante la Fiscalía”, dice Martínez.
Casos en la mira *
Son varios los casos que en este momento se encuentran en trámite e investigación en la Agencia Nacional de Tierras, de hecho, algunos ya cuentan con denuncias formales ante la Fiscalía General de la Nación.
Precisamente, uno de estos ocurre en el departamento del Meta, donde varias personas denuncian a un sujeto que se hace pasar como representante legal de una Asociación de Campesinos y está cobrando 300 mil pesos por afiliación, además de otras sumas de dinero, con la promesa de entregarles un documento firmado por el director de la ANT y la entrega de tierras.
Asimismo, en Boyacá, en el municipio de Güicán, aparece una denuncia de una persona que asegura ser abogado de la Agencia y la representa para realizar la negociación de los predios que están ubicados en un páramo, cobrando por estos servicios.
Bogotá, no se escapa de estos hechos. Allí aparece una denuncia de la representante legal de una fundación campesina, quien también cobra 20 mil pesos para la afiliación y 250 mil pesos por el pago de la topografía para la entrega de un predio en Villavicencio.
Finalmente, otros hechos que, están siendo investigados, implican dos asociaciones que usaron una falsa resolución con el nombre de una funcionaria de la ANT y además, utilizaron el nombre de la Agencia en una valla a fin de engañar a campesinos de Puerto López en el Meta, a quienes les cobraron dinero con la promesa de adjudicarles tierras. En el 2019 se realizó la ampliación de esta denuncia cuando se conocieron nuevas pruebas (videos) en las que además se involucra no solo el nombre de la ANT, sino también de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
No se deje engañar, siga estas recomendaciones
Las personas que deseen iniciar un trámite ante la Agencia Nacional de Tierras pueden acercarse a cualquier Punto de Atención Territorial (PAT) o a las Unidades de Gestión Territorial (UGT) que tiene la entidad en algunos municipios del país. Adicionalmente en la página web www.ant.gov.co se ha establecido un botón de denuncias, en donde se puede subir evidencias y llenar la información de manera anónima, si la persona que está alertando sobre un caso, no quiere involucrarse.
“No se dejen engañar. Invitamos a todas las personas para que se comuniquen directamente con la Agencia en caso de requerir una solicitud o querer acceder a los programas que tenemos. Debe tener la claridad que la entidad adjudica tierras dentro de un proceso, expide una resolución de adjudicación y una afectación en el folio de matrícula inmobiliaria de ese bien. Una simple carta no lo hace propietario”, agrega Myriam Martínez.
La Agencia Nacional de Tierras no tiene intermediarios y todos sus trámites son gratuitos. Si alguien llega ofreciendo servicios a nombre de la ANT o cobrando por ellos, puede hacer la denuncia en el teléfono 518 58 58, opción 0 en Bogotá; línea nacional 018000-933881 y el correo: info@ant.gov.co
