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En Cáceres, Ituango, Tarazá, Valdivia y Ovejas 18.716 familias carecen de títulos de propiedad sobre la tierra

Evaluación del ejercicio de catastro multipropósito en estos municipios evidenció desactualización sobre información de la tenencia de la tierra en estas localidades.

 

Dicha evaluación arrojó que solo en estos municipios hay 6.400 ocupantes de baldíos, 11.216 poseedores y 700 posibles beneficiarios de subsidios para compra de tierra.

 

Estudio también identificó 7.000 posibles baldíos que podrían ingresar al Fondo de Tierras.

De acuerdo con un informe elaborado por la Dirección de Gestión del Ordenamiento Social de la Propiedad de la Agencia de Tierras, los municipios antioqueños de Cáceres, Ituango, Tarazá y Valdivia y el sucreño de Ovejas “representan un esfuerzo pionero de articulación metodológica entre el ordenamiento social de la propiedad y el levantamiento catastral multipropósito”.

Una primera conclusión del informe es que, con base en el trabajo adelantando en el segundo semestre del año pasado, se titularía baldíos a más de 6.400 ocupantes con derecho; se formalizaría la propiedad de 11.216 poseedores; se beneficiaría a cerca de 700 potenciales receptores de subsidios, y se aclararía la condición jurídica de 7.000 posibles predios baldíos de la Nación.

“Los Planes de Ordenamiento de la Propiedad Rural nos permiten actualizar la información sobre los territorios para avanzar hacia su ordenamiento con lo cual beneficiaremos a 18.716 familias campesinas en estos cinco municipios”, expresó Juliana Cortés, directora de Gestión de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural de la Agencia de Tierras.

Estos estudios también develaron la informalidad generalizada en la tenencia de la tierra en las cinco localidades estudiadas. Por ejemplo, en Tarazá, de los 3.679 predios del suelo rural del municipio, se identificaron 28 con propietarios, 2.514 con poseedores, 1.119 con ocupantes y 18 con tenedores.

En tanto, en Valdivia, de los 4.331 predios, habría 3.265 en posesiones, 781 con ocupantes, 137 que tendrían propietarios y 159 aún por aclarar. En Cáceres de 3.774 predios, 90 tendrían propietarios, 1.431 poseedores, 2.251 ocupantes y dos estarían en manos de tenedores.

En Ituango, la distribución sería la siguiente: 3.649 estarían en posesión, 1.298 tendrían ocupantes y 1.613 serían propietarios. En Ovejas de 4.816 predios, habría ocupantes en 1.677 de ellos, habría 588 predios con poseedores y 554 tendrían clara su propiedad.
“En resumen, en estos cinco municipios la composición preliminar de la tenencia de la tierra sería de un 89% de posesiones y ocupaciones frente a apenas un 11% de propiedad consolidada”, manifestó Cortés.

Agregó “por medio de los planes hemos confirmado que las tierras baldías preliminarmente identificadas están siendo ocupadas y hemos podido establecer rutas de atención en los casos que se cumplirían los requisitos para su potencial adjudicación a sujetos de reforma agraria o de ordenamiento social de la propiedad”.

Otra conclusión del informe da cuenta de que en los cinco municipios intervenidos el suelo rural abarca más del 90% de sus áreas geográficas e, incluso, Cáceres e Ituango tienen a la mayoría de sus pobladores (72%) viviendo en el área rural.

Un hallazgo adicional concluyó que con los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural se identificaron más comunidades étnicas que las reportadas en diferentes registros administrativos. Así, por ejemplo, en Ovejas se identificaron los cabildos indígenas de San José de Almagra, Santafé de Vilú y San Rafael Alto-Galapa.

En Cáceres se precisó la existencia de solicitudes de constitución o de ampliación de resguardos en Alto del Tigre (constitución y ampliación), Campanario, Carupia, Omagá y Puerto Bélgica (constitución). Y en Ituango se identificó una solicitud de ampliación de ocho predios ocupados por 388 indígenas.

Igualmente, se tomó nota de la población que se reconoce como afrodescendiente, así: en Cáceres, 7.643 personas; en Tarazá, 2.664, y en Valdivia 726.

Estos cinco municipios hacen parte de las 43 localidades en las que actualmente trabaja la Agencia Nacional de Tierras en el ordenamiento social de la propiedad rural.

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