Hoy el 1% de los propietarios concentran cerca del 60% de la tierra apta para producir. Eso, en un contexto de posconflicto, es inaceptable.
Por: Miguel Samper Strouss
Director de la Agencia Nacional de Tierras
Varios ministros de Indonesia le preguntaron alguna vez a un famoso economista cómo se podía establecer quién era el dueño de cada tierra en el país, pues la informalidad había sido la regla general durante siglos. El economista les contó que “de paseo por los arrozales de Bali, uno de los más hermosos lugares de la tierra, yo no tenía la menor idea de dónde quedaban los límites de cada propiedad. Pero los perros sí lo sabían: cada vez que cruzaba de una propiedad a otra, ladraba un perro distinto”. Su conclusión: puede que las autoridades no tengan definida la propiedad sobre la tierra, pero los campesinos sí lo saben; por eso sus perros ladran cuando un desconocido cruza por esa frontera invisible.
El economista era el peruano Hernando de Soto, premio Nobel de Economía, que condenó el capitalismo al fracaso mientras existieran tantos pobres en el mundo. Para él, no se trataba de un asunto de falta de capital sino del título de la propiedad lo que les impedía ser dueños formales y acceder al desarrollo en forma de crédito, inversión o subsidios. Eso ocurría en Perú e Indonesia y también ocurre en Colombia.
Se estima que 7’700.000 hectáreas constituyen el patrimonio de baldíos de la Nación potencialmente disponible para entregarles a campesinos sin tierra.
Pensando en hacerle frente a esta necesidad se creó la Agencia Nacional de Tierras. Se estima que 7’700.000 hectáreas constituyen el patrimonio de baldíos de la Nación potencialmente disponible para entregarles a campesinos sin tierra, y ya se puso en marcha el proceso para determinar cuántos de esos baldíos están ya ocupados y en manos de privados justamente porque hoy pocos tienen formalizada la propiedad, incluyendo municipios donde el 80% de sus escuelas rurales carecen de inversión estatal por estar en predios sin título.
Este trabajo es arduo y necesita el compromiso y acompañamiento de gobernaciones y alcaldías, y también de quienes tienen el derecho a un título de propiedad y no lo han exigido. Ellos pueden reclamar ese proceso de formalización y deben hacerlo. Pero la Agencia no se quedará de brazos cruzados esperando que los campesinos acudan a ella solicitándolo. Es la Agencia la que va a acercarse al campesino vereda por vereda, predio por predio, de la mano con las comunidades y las entidades territoriales.
Nuestro objetivo es garantizar acceso a la tierra a quien no la tiene o no tiene suficiente para sostener a su familia. ¿Cómo? El acceso a la tierra cuenta con el fondo de tierras nutrido con baldíos de la Nación y con terrenos de los delincuentes a los cuales se les extinga el dominio.
A quien sí tiene tierra, pero la tiene informal (cerca del 60% de los propietarios están en esta situación), hay que hacerlos dueños con todas las de la ley. Además, garantizaremos que el que tiene tierra y la tiene formal, cumpla la función social de la propiedad. La Agencia castigará a quienes obrando en contra de la ley hayan acumulado tierras para especular con su valor.
Nuestro mandato es hacer de la tierra un eslabón que nos una y no una cizalla que nos divida. Y ese eslabón se forja con la distribución equitativa de la propiedad. Hoy el 1% de los propietarios concentran cerca del 60% de la tierra apta para producir. Eso, en un contexto de posconflicto, es inaceptable.
