Agencia Nacional de Tierras y Superintendencia de Notariado y Registro reafirman su compromiso por la formalización de la propiedad rural
– Se trata de la ampliación del convenio 570 de 2016 que beneficiará más de 1000 familias campesinas del departamento de Boyacá.
– La ampliación del convenio permitía formalizar predios rurales de los municipios de Paipa, Nobsa, Tibasosa y Sogamoso.
Bogotá, 7 de junio de 2018 (@AgenciaTierras). La Agencia Nacional de Tierras y la Superintendencia de Notariado y Registro suscribieron la ampliación del convenio 570 de 2016, con el cual, las dos entidades suman esfuerzos en favor de la formalización de 700 predios rurales del departamento de Boyacá.
-“Aproximadamente el 60% de los predios rurales en Colombia están en la informalidad, ya sea porque tienen antecedentes de falsa tradición o porque presentan otros fenómenos jurídicos que inciden negativamente en las tierras de la población campesina. Desde la Agencia de Tierras ratificamos nuestro compromiso de hacer de este un país de propietarios, con todas las de la ley, porque estamos seguros de que la tierra es la llave que permitirá la transformación de nuestras familias campesinas”,_ dijo Javier Flórez, director encargado de la Agencia Nacional de Tierras.
La ampliación del convenio pretende reconocer espacios técnicos entre las dos entidades y facilitar el desarrollo de procesos que permitan el reconocimiento de los títulos de la propiedad rural en Colombia.
”El trabajo conjunto da buenos resultados. Y por eso con la Agencia Nacional de Tierras nos comprometemos a seguir sumando esfuerzos y a trabajar de manera articulada para lograr la formalización de aproximadamente 700 predios rurales en los municipios de Sogamoso, Nobsa, Tibasosa y Paipa. Además de la verificación masiva de folios en el municipio de Ramiriquí”, explicó el superintendente de Notariado y Registro, Jairo Mesa.
El convenio que fue ampliado por las entidades busca, además, revisar instrucciones previamente generadas por las entidades que intervienen en el tema de tierras en el país, para lograr un criterio uniforme que permita una mejor gestión y para la formulación de planes de ordenamiento social de la propiedad mediante el barrido predial integral.
