- El propio director de la Agencia Nacional de Tierras, Juan Felipe Harman, radicó denuncia en la Fiscalía General de la Nación, en Bogotá, por los hechos que están poniendo en peligro a campesinas y campesinos que han sido favorecidos con la entrega de predios, enmarcada en el desarrollo de la Reforma Agraria.
- Los hechos recientes que pusieron en riesgo la vida e integridad de las comunidades rurales ocurrieron en la subregión Magdalena Medio y los departamentos de Meta y Córdoba.
Bogotá, 30 de junio de 2026. (@AgenciaTierras).
La Agencia Nacional de Tierras —ANT—, en cabeza de su director Juan Felipe Harman, denunció ante la Fiscalía General de la Nación los actos de amenazas y situaciones de amedrentamiento y tortura contra campesinas y campesinos beneficiarios de los programas de dotación y entrega provisional de tierras de la entidad.
Tras los resultados de las elecciones presidenciales de la segunda vuelta, realizadas el pasado 21 de junio, ha habido hechos que demuestran que el conflicto por el territorio en Colombia persiste mediante el uso de la fuerza de las armas por parte de estructuras ligadas al narcotráfico, el paramilitarismo y ocupantes irregulares que pretenden detener la Reforma Agraria.
“Ya hay un patrón de comportamiento de los predios que hemos recuperado. Son más de seis fincas a las que han llegado sujetos a amedrentar a los campesinos en tan solo una semana. No podemos pasar por alto lo que está sucediendo. De forma clara y concreta, he puesto en conocimiento de la Fiscalía General quiénes serían los presuntos responsables de estos hechos”, denunció el director Juan Felipe Harman.
La ANT identificó acciones en tres regiones del país, las cuales incluyen desalojos forzados, destrucción de propiedad e incluso actos de tortura física.
Focos de violencia e intimidación territorial
Subregión Magdalena Medio
Al predio ‘Los Alpes–La Olguita’, el 23 y 24 de junio, sujetos armados que se identificaron como abogados y "propietarios" ingresaron con actitud hostil portando armas de fuego. Exigieron el abandono voluntario de las parcelas para "evitar consecuencias".
- Una situación similar ocurrió esos dos días en el predio ‘Los Alpes–La Apulia’: un grupo de personas violentó los candados del portón de ingreso argumentando ser abogados y “propietarios” del bien rural. También con armas de fuego en mano dijeron que pronto tomarían control del lugar y, no contentos, hurtaron dos portones principales de la finca.
El 23 de junio, una lideresa campesina recibió mensajes de texto extorsivos enviados presuntamente por el Clan del Golfo, bajo las órdenes de Julio Efraín Vega Delgado, alias ‘Julio Pepe’ o ‘Vegachí’, reconocido cabecilla criminal en el Magdalena Medio. Las amenazas exigen la salida del predio Jamaica de cuatro organizaciones de víctimas, con la advertencia de que "el Tigre ya tiene todo arreglado con el patrón para devolverle ese predio".
- En el complejo Globo Las Brisas (compuesto por los predios Las Brisas, La Doris, Puerto Rico y Piamonte, el cual fue objeto de extinción de dominio a la estructura del narcotraficante Daniel ‘El Loco’ Barrera y entregado provisionalmente a cuatro asociaciones campesinas), en La Dorada, Caldas, las familias beneficiarias denunciaron intimidaciones constantes bajo la consigna estigmatizante de que "esas tierras no son para los guerrilleros". Les pidieron abandonar el complejo de fincas.
- El predio La Perla (Puerto Triunfo, Antioquia), entregado provisionalmente a una asociación de mujeres, perteneció históricamente a María Georgina Arango Marín, alias ‘La Gina’, esposa de Ovidio Isaza, alias ‘Roque’ (hijo del exjefe paramilitar Ramón Isaza). Se denuncia que un hermano de ‘La Gina’, conocido como alias ‘Barco’, acude diariamente al lugar para amedrentar a las mujeres, afirmando que "estaban esperando que ganara el Tigre para recuperar el predio".
- Puerto López, Meta
El escenario más crítico en términos de afectación a la integridad humana ocurrió en el oriente del país:
- A la finca La Primavera, el 24 de junio a la 1:00 de la madrugada, cuatro sujetos encapuchados y armados asaltaron la finca asignada el pasado 28 de mayo por la ANT a una organización campesina. Los criminales torturaron y golpearon con machetes y palos a cuatro personas adultas y una menor de 14 años, quienes debieron ser trasladados de urgencia al hospital de Puerto López. Asimismo, incineraron la planta eléctrica, vehículos y enseres de la comunidad. El predio perteneció a Ignacio Álvarez Meyendorff, extraditado a Estados Unidos y condenado por hechos relacionados con el narcotráfico.
Departamento de Córdoba
La resistencia ilegal frente a los fallos de restitución y distribución agraria mantiene en alto riesgo a las comunidades del norte de Colombia:
- El 28 de junio, hombres armados ingresaron al predio El Llano, adjudicado a una asociación campesina (en Buenavista, Córdoba). Los delincuentes advirtieron sobre el ingreso de 30 hombres armados por orden de un supuesto patrón identificado como César Augusto González Álvarez. Ante el inminente peligro, las familias campesinas abandonaron el territorio para salvaguardar sus vidas. La finca también perteneció al condenado Ignacio Álvarez Meyendorff.
- El 22 de junio, integrantes de dos asociaciones campesinas fueron repelidos violentamente al intentar ingresar como beneficiarios al predio La Palmira (jurisdicción de Pueblo Nuevo, Córdoba) para realizar actividades productivas.
Los administradores Santiago Nieto y Juan Martínez, vinculados a la firma Ganadería de la Costa Ltda., sellaron los accesos con cadenas y amenazaron de muerte a los líderes afirmando que "no respondían por la vida" de quienes entraran. En la finca mantienen la explotación de ganadería extensiva, aun cuando tiene medidas de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga.
Llamado urgente a las autoridades
La Agencia Nacional de Tierras rechaza categóricamente el uso de la violencia poselectoral para despojar a las y los legítimos beneficiarios de la Reforma Agraria: los campesinos, las comunidades étnicas y las víctimas del conflicto armado.
“Queremos que la Fiscalía investigue estos hechos que no son asuntos menores, que se podrían incluso configurar como de lesa humanidad por el desplazamiento provocado. Este país jamás podrá naturalizar el despojo de la propiedad campesina”, acentuó el director de la ANT.
El alto funcionario demanda, además, protección inmediata para las familias afectadas y capturar a los autores intelectuales y materiales de lo ocurrido.