
Son más de 4.460 hectáreas para esta población, que ha estado marcada por los embates del conflicto armado interno, la cual incluye a quienes por años se han dedicado a la siembra de cultivos ilícitos.
- Ante más de 3.000 personas, el presidente de la República, Gustavo Petro, expresó con vehemencia que “titular sus tierras es fundamental para construir la paz, porque un campesino con título, piensa tres veces en arriesgar esa tierra en un cultivo que sabe que va a ensangrentar a sus hijos, y piensa más en sembrar cultivos que le permitan vivir sin miedo”.
Tibú, Norte de Santander. 10 de mayo de 2025. @AgenciaTierras.
Ante más de 3.000 personas, el Gobierno del presidente Gustavo Petro, a través de Agencia Nacional de Tierras ─ANT─ y otras entidades del Estado, entregó 387 títulos de propiedad rural (en 4.462 hectáreas) a campesinos y víctimas del Catatumbo, incluidos 230 cultivadores de hoja de coca, en los municipios de Sardinata, Ábrego, Ocaña y Tibú, quienes iniciarán un proceso de transformación hacia cultivos lícitos y producción agroalimentaria.
El presidente de la República, Gustavo Petro, expresó con vehemencia que “titular sus tierras es fundamental para construir la paz, porque un campesino con título, piensa tres veces en arriesgar esa tierra en un cultivo que sabe que va a ensangrentar a sus hijos, y piensa más en sembrar cultivos que le permitan vivir sin miedo”.
Por ello, ordenó a las entidades facilitarles a transitar hacia cultivos de cacao, aguacate, y el producto que sea más conveniente para esa tierra, porque, dijo, “el camino es la paz, es la reconciliación. La paz va porque va”.

Dirigiéndose al director de la ANT, Felipe Harman, el jefe de Estado dijo que se trata de titularle esa cantidad de tierra al campesinado, “no me importa si es petrista, si es apático, si cree en el ELN, si cree en los otros, no, campesinado es campesinado”.
Durante el evento en Tibú, la máxima autoridad de tierras de la nación también inició 300 procesos adicionales de titulación para familias rurales, enmarcados en su programa de formalización y titulación de tierras.
“Estos son hechos concretos, resultados concretos, sin discursos, y de forma muy concreta ratificando el compromiso de nuestro Gobierno en la transformación territorial del Catatumbo, en el marco del programa de sustitución de cultivos de uso ilícito. Aquí estamos honrando la palabra con el pueblo del Catatumbo”, recalcó el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman.
Fabio Quintero no disimuló su felicidad porque recuperó la herencia de su padre: “Estoy muy agradecido con la Agencia Nacional de Tierras, me ha ayudado con el título de mi predio. La herencia que me dejó mi padre. Teníamos más de 14 años de estar trabajando desde que era Incoder para cuadrar lo del título de propiedad del terreno, pero mi padre no alcanzó a ver esa parte que tanto quería. Hoy le doy gracias al Gobierno, que nos firmó la propiedad de la tierrita que nos pertenece”.
El encuentro masivo marcó un hito, al lograr en un tiempo récord de tres meses, desde que se firmó el Decreto de Conmoción Interior, resultados concretos en materia de tierras para estas comunidades históricamente afectadas por el conflicto armado y el abandono estatal.

Al mismo tiempo, la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino; la directora de la Oficina de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, Gloria Miranda, y el presidente de la Agencia de Desarrollo Rural, César Augusto Pachón, presentaron la estrategia ‘RenHacemos’, para invitar a las comunidades del Catatumbo a transitar hacia economías lícitas que aporten a la transformación productiva y ecológica, y así contribuir a la paz en el territorio.
Con este novedoso programa, los campesinos y víctimas del conflicto armado dependientes de estos cultivos podrán acceder a dos componentes: con el compromiso de erradicación, las familias recibirán 12 pagos mensuales de $1.280.000, lo que les permitirá sustituir el ingreso generado por el cultivo ilícito; y un apoyo para implementar su proyecto productivo, con una inversión directa de 15 a 20 millones de pesos por hectárea, bajo un enfoque de encadenamiento productivo y comercialización asegurada, trabajando esquemas asociativos y territoriales.