En Necoclí, Antioquia, a 26 mujeres campesinas, víctimas del despojo por parte de grupos armados ilegales, les fue entregado un predio en el que ahora podrán sembrar plátano, arroz, ñame, yuca y sandía.
Con este, ya son 15 los predios entregados por el Gobierno del presidente Gustavo Petro a comunidades del Urabá antioqueño.
Necoclí, Antioquia. 9 de abril de 2025. @AgenciaTierras.
En conmemoración del Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas del Conflicto Armado, la Agencia Nacional de Tierras —ANT— entregó a un total de 26 mujeres agricultoras de Necoclí, Antioquia, un predio de 262 hectáreas en la vereda Aguas Claras, jurisdicción del mismo municipio. Las beneficiarias, cabezas de hogar, forman parte de la Asociación de Reclamantes de Tierra —Tierra y Paz—, que agrupa a víctimas del conflicto armado en los departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó.
Gran parte de quienes hoy reciben el predio viene de familias que años atrás fueron despojadas de sus fincas por paramilitares, guerrillas y grupos criminales que hacían presencia en la subregión del Urabá.
Ayineth Pérez, lideresa de la Asociación de Reclamantes de Tierra —Tierra y Paz— y víctima del despojo en la vereda Tulapas, de Turbo, ha luchado por décadas para que la tierra les sea restituida a ella y a los miles de víctimas que ha dejado la violencia en la subregión. Y hoy que la recibe, asegura que “la Agencia Nacional de Tierras nos cumplió con esta entrega que estábamos luchando hace mucho tiempo. Todas las mujeres que recibimos este predio, somos mujeres víctimas del conflicto, a muchas les desaparecieron el esposo, les asesinaron a sus hijos y recibir esto hoy es una felicidad absoluta, una esperanza de que pude ser distinto”.
Por su parte, la lideresa de la Unidad de Gestión Territorial en Antioquia, de la ANT, Farlin Perea Rentería, habló sobre el avance que ha tenido la Reforma Agraria en el departamento: “La entrega de tierras ha posibilitado que las mujeres y las víctimas del conflicto puedan gozar de derechos que históricamente les habían sido negados, devolviéndoles así la dignidad a los campesinos”.
En el predio, comprado por la Agencia Nacional de Tierras a un particular, las 26 familias podrán cumplir su sueño de volver a vivir de la tierra: sembrar plátano, arroz, ñame, yuca y sandía para el sustento de sus hogares y la mejora de su calidad de vida.
Así entonces, son 556 hectáreas entregadas a comunidades del Urabá antioqueño durante el Gobierno del Cambio, representadas en 15 predios, ubicados en varios municipios de la subregión, que ya están produciendo alimentos para cientos de familias campesinas.
El Aro, otro acto de justicia social
A estas entregas que la Agencia Nacional de Tierras viene haciéndole a las víctimas del conflicto armado, se suman las 685 hectáreas formalizadas recientemente en el corregimiento El Aro, en Ituango, Antioquia, a 43 familias víctimas de la masacre de 1997.
Esta sería la tercera entrega de títulos en este corregimiento, pues el 2 de agosto de 2024, por primera vez un presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, acompañado del director de la ANT Felipe Harman, llegaron a El Aro, Antioquia, y se ubicaron en una mesa ubicada en la calle, en el sitio donde 27 años atrás, desde el 22 hasta el 31 de octubre de 1997, un grupo de 150 paramilitares de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) en una acción de terror, con lista en mano acusaron y sentenciaron a muerte a pobladores de ser colaboradores de grupos guerrilleros. Torturaron y asesinaron en público a 12 habitantes del lugar, desplazaron a otras 1.472 personas y quemaron 42 de las 60 casas del pueblo.
En julio de 2006, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “al Estado colombiano por omisión y participación en la masacre de El Aro”. La sentencia le ordenó proveer justicia, “reparar a las víctimas” y “garantizar su seguro retorno al corregimiento si así lo desean”. Dieciocho años después, el Gobierno Petro fue el único que cumplió con la sentencia.
El Gobierno ha entregado en total más de 200 títulos de propiedad en Ituango, que corresponden a 3.447 hectáreas, con lo cual estas familias campesinas podrán acceder a créditos, proyectos productivos y, sobre todo, un retorno seguro a sus territorios.
“Hemos convertido la entrega y legalización de tierras en instrumento de paz, reparación, dignidad y justicia social para las víctimas”, dijo Felipe Harman, director de la Agencia, “porque en Colombia la paz se hace con tierras, se hace con la Reforma Agraria para promover la reconciliación y la convivencia”.
Mientras durante el gobierno Santos se entregaron 7.083 hectáreas a las víctimas, y en el de Duque 19.910, en lo corrido de la administración del presidente Gustavo Petro ya se ha triplicado lo de su antecesor al haber llegado a las 60.000 hectáreas de tierras.
Además, la ANT ha formalizado más de 1.200.000 hectáreas a víctimas del conflicto, es decir, hoy son dueños legítimos de sus predios.